Una cuarta parte del PIB (240.000 millones) está fuera del control del Estado

-Interviú

El fraude fiscal y los impagos a la Seguridad Social forman el grueso de lo que se conoce como economía sumergida. Las mayores bolsas de estafa en España se concentran en las operaciones de compraventa de empresas constructoras e inmobiliarias –sólo su evasión fiscal asciende a 8.600 millones de euros cada año– y entre los profesionales liberales, según precisan los técnicos del ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). Los sectores más sumergidos son la construcción, el comercio y la hostelería, el textil, el calzado y la agricultura.El 95,8 por ciento de las compañías asentadas en España (57.700 sociedades) tienen una facturación de entre 1,8 y 6 millones de euros, por lo que no están obligadas a pasar una auditoría y, por tanto, escapan a la vigilancia contra el fraude. Otro de los cauces que engrosan la economía irregular son los alquileres de pisos no declarados. El 54 por ciento del total de los pisos arrendados están ocultos, lo que supone unas rentas sumergidas de más de 2.450 millones de euros al año, según Gestha. Su secretario general, José María Mollinedo, destaca que “en 2008, la adquisición de vehículos de lujo también se convirtió en válvula de escape del dinero generado fraudulentamente”.Estas cifras se suman al agujero que hay en las cotizaciones a la Seguridad Social. Cerca de 900.000 personas trabajan sin estar dadas de alta. La última Encuesta de Población Activa (EPA), difundida en octubre por el Instituto Nacional de Estadística, cifra el número de trabajadores en España en 18.870.000, de los que sólo 17.909.000 cotizaban, según el Ministerio de Hacienda. Las cifras oficiales de desempleados –4,1 millones, según la EPA– son para Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, un claro indicador de que la economía sumergida se está multiplicando con la crisis. “Si el volumen de desempleados fuese real, habría una explosión social. Además, muy pocos han solicitado la ampliación del subsidio de paro; no pueden acudir al curso obligatorio porque, en realidad, tienen una ocupación”, asegura De la Torre.Para lidiar contra todo este fraude, el Departamento de Investigación de la Agencia Tributaria cuenta con 5.000 personas –2.393 son inspectores–, pero sólo 1.031 trabajan directamente tratando de destapar irregularidades (muchos están en excedencia y otros se dedican a la política o la alta empresa). Al final, 180 inspectores vigilan las 3.000 mayores empresas del país.Los técnicos de Hacienda estiman que la Agencia Tributaria, a pleno rendimiento, podría reducir las bolsas de fraude hasta un 13 por ciento del PIB, lo que supondría encontrar 90.000 millones de euros y recaudar vía impuestos 25.000 millones más, pero sería necesario reorganizar el departamento. Un reciente estudio de Pimec, la patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas, apunta, además, que esta reducción del fraude crearía 2,5 millones de empleos.El Banco Mundial, la UE, el Banco de España y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) cifran la economía sumergida en nuestro país en una horquilla que oscila entre el 20 y el 25 por ciento del Producto Interior Bruto. España ocupa los primeros puestos de Europa junto a Portugal, Italia y Bélgica. En el resto de Europa, si exceptuamos los países del Este y los recién incorporados, este porcentaje baja diez puntos.La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) enumera en su último informe los perfiles del trabajador que defrauda: asalariado regular que complementa sus ingresos con actividades no declaradas; inactivo oficialmente que realiza tareas y no declara; parado de larga duración (perfil incrementado en un 210 por ciento desde que se inició la crisis, según datos de la EPA), e inmigrante (éstos suelen iniciar su andadura laboral en actividades de economía sumergida).Según CC OO, 948.000 inmigrantes de los 2.886.000 que aseguran estar trabajando no tienen contrato. La EPA añade que el 43 por ciento de los extranjeros que llegaron a España el pasado año vinieron sin contrato y es fácil que engrosen esta economía irregular.Ante esta situación, y aunque la gran mayoría no justifica de ningún modo el fraude, un tercio de los españoles lo disculpa si es “para salir adelante en un momento dado”, según publica el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Economía. El barómetro precisa que los colectivos que más defraudan son: los empresarios (45 por ciento), los profesionales liberales (18 por ciento) y los trabajadores autónomos (9 por ciento).Las arcas del Estado se resienten por todo ello y por otra circunstancia atípica: por cada euro que ingresa el Estado en la lucha contra el fraude, se pierden dos por deudas canceladas por insolvencia o anulación.Para el investigador del IEF y técnico de Hacienda Manuel Gutiérrez Lousa, el fraude forma parte de las sociedades organizadas saludables. “El incumplimiento fiscal nos obliga a meditar sobre lo que no funciona y nos exige reformarlo, hasta llegar a una tasa soportable y compatible con los principios de equidad”.

Publicado por Miguel Medina